jueves, 18 de abril de 2013

"No me hinchen más los huevos, esto es política"

La idea no era muy complicada: las grandes obras públicas de Santa Cruz (y más tarde el país entero) se le adjudicaban con grandes sobreprecios a Austral Constructora, una empresa de Lázaro Báez. Parte de esa plata no declarada se enviaba en efectivo vía avión privado a Buenos Aires, dónde, o bien se depositaba en la financiera SGI, que lo depositaba en sociedades fantasma de paraísos fiscales en el exterior, o se sacaba vía Uruguay, donde los controles financieros son mucho más relajados.
Cuando empecé a escribir esta nota, venía pensando en un título diferente. Iba a ser algo así como "Nadie va a ir preso". Es que a menos de 24 horas de la emisión de la investigación en PPT, ya había grandes indicios de que todo terminaría en lo mismo que siempre: la nada.
Por un lado, el juez Canicoba Corral (que finalmente no será quien llevará la causa) salió a decir que las cámaras ocultas "no serían válidas" como prueba durante un proceso legal. Primer golpe. 
Por otro lado, desde el microclima de Twitter, militantes y periodistas filo-K hacían notar algo que es innegablemente verdad. Aunque llegara a confirmarse (milagrosamente) que Lázaro Báez es responsable de un enorme esquema de lavado de dinero, las conexiones políticas que lo posibilitaron quedarán para siempre en la oscuridad. Si Néstor y Cristina estuvieron involucrados de alguna manera en esto (por ejemplo, a través del otorgamiento de obras públicas con sobreprecios), pues, mala suerte, sus caras seguirán estampadas en las remeras y pecheras de militantes camporistas.
Pero el obstáculo más grande hacia la verdad no es otra cosa que los manoseos a la Justicia. El mismo domingo que salió al aire el informe de Lanata, la corresponsal de La Nación en Santa Cruz, Mariana Arias, publicó una nota en la que repasó los avances que el kirchnerismo viene dando sobre la Justicia desde que llegaron a la gobernación de Río Gallegos. El Poder Judicial de Santa Cruz está tan tomado por dentro por magistrados y funcionarios puestos por Kirchner, que pensar que podría llegar a haber una condena para cualquiera de sus allegados es una ridiculez. (Les recomiendo la nota de Arias para entender la dimensión de lo que les hablo). Por supuesto, el artículo se encuadraba en el tema de la Reforma Judicial que propone el gobierno, intentando mostrarla como la continuación del avance sobre la Justicia, pero a nivel nacional. Fue Ricardo Alfonsín quien hizo la conexión entre la "justicia domesticada" que busca el gobierno y  la corrupción que reveló el informe de PPT:



El caso se ramifica
Si bien Leo Fariña y Federico Elaskar se desdijeron tras sus apariciones en PPT, no cabe duda de que las denuncias preocuparon al Gobierno. El más afectado será probablemente Julio De Vido, ministro de Planificación y Obras Públicas, y el funcionario a quien puede considerarse indirectamente responsable de los últimos tres mayores factores de fastidio de la sociedad hacia el kircherismo: la Tragedia de Once, las inundaciones de Buenos Aires, La Plata y Santa Fe y la corrupción en la obra pública.
El caso Báez amenaza con golpear duro a De Vido, uno de los personajes más cuestionados por sus manejos de fondos públicos desde su época de ministro de Economía de Néstor Kirchner en Santa Cruz. La Nación reveló que Leonardo Fariña llegó a manejar información reservada del Ministerio de Planificación sobre las represas Condor Cliff-La Barrancosa (rebautizadas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Cepernic). Es decir, Fariña intentó cerrar un trato con empresarios de la construcción utilizando información que sólo podría haber obtenido del mismo De Vido o de funcionarios muy cercanos a él.
Las represas tienen una larga historia de sospechas e idas y vueltas. La primera licitación pública para construirlas fue ganada en 2010 por un joint-venture del Grupo Camargo Correa de Brasil, Corporación América de Eurnekian e Impsa, con una oferta de 16.400 millones de pesos. Sin embargo, este contrato fue rescindido sin explicación el año pasado, y la oposición de la provincia comenzó a denunciar que Lázaro Báez había adquirido 180 mil hectáreas que se inundarían con la construcción de Condor Cliff, habilitándolo a cobrar una millonaria indemnización del Estado. Además, el empresario patagónico se presentó este año a la nueva licitación para la construcción de la represas en un consorcio de empresas junto a la compañía china Synohydro y a IECSA, de Ángelo Calcaterra, sobrino de Franco Macri y primo del jefe de Gobierno porteño. La diferencia con el llamado a licitación de 2010: un incremento de $5000 millones al precio final.
Cuando la prensa intentó averiguar la razón por la cual el Ministerio de Planificación había decidido rescindir la primera licitación, la respuesta que les llegó de José López, secretario de Obras Públicas y hombre de confianza de De Vido fue clara y simple: "No me hinchen más los huevos, esto es política".

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada