La idea no
era muy complicada: las grandes obras públicas de Santa Cruz (y más tarde el
país entero) se le adjudicaban con grandes sobreprecios a Austral Constructora,
una empresa de Lázaro Báez. Parte de esa plata no declarada se enviaba en
efectivo vía avión privado a Buenos Aires, dónde, o bien se depositaba en la
financiera SGI, que lo depositaba en sociedades fantasma de paraísos fiscales
en el exterior, o se sacaba vía Uruguay, donde los controles financieros son
mucho más relajados.
Cuando
empecé a escribir esta nota, venía pensando en un título diferente. Iba a ser
algo así como "Nadie va a ir preso". Es que a menos de 24 horas de la
emisión de la investigación en PPT, ya había grandes indicios de que todo
terminaría en lo mismo que siempre: la nada.
Por un lado,
el juez Canicoba Corral (que finalmente no será quien llevará la causa) salió a
decir que las
cámaras ocultas "no serían válidas" como prueba durante un
proceso legal. Primer golpe.
Por otro
lado, desde el microclima de Twitter, militantes y periodistas filo-K hacían
notar algo que es innegablemente verdad. Aunque llegara a confirmarse
(milagrosamente) que Lázaro Báez es responsable de un enorme esquema de lavado
de dinero, las conexiones políticas que lo posibilitaron quedarán para siempre
en la oscuridad. Si Néstor y Cristina estuvieron involucrados de alguna manera
en esto (por ejemplo, a través del otorgamiento de obras públicas con sobreprecios),
pues, mala suerte, sus caras seguirán estampadas en las remeras y pecheras de
militantes camporistas.
Pero el
obstáculo más grande hacia la verdad no es otra cosa que los manoseos a la
Justicia. El mismo domingo que salió al aire el informe de Lanata, la
corresponsal de La Nación en Santa Cruz, Mariana Arias, publicó una nota en
la que repasó los avances que el kirchnerismo viene dando sobre la Justicia
desde que llegaron a la gobernación de Río Gallegos. El Poder Judicial de Santa
Cruz está tan tomado por dentro por magistrados y funcionarios puestos por
Kirchner, que pensar que podría llegar a haber una condena para cualquiera de
sus allegados es una ridiculez. (Les recomiendo la nota
de Arias para entender la dimensión de lo que les hablo). Por
supuesto, el artículo se encuadraba en el tema de la Reforma Judicial que
propone el gobierno, intentando mostrarla como la continuación del avance sobre
la Justicia, pero a nivel nacional. Fue Ricardo Alfonsín quien hizo la conexión
entre la "justicia domesticada" que busca el gobierno y la
corrupción que reveló el informe de PPT:
Para que quieren mayoría en el Consejo de la Magistratura? Lo dejo a tu criterio!
— Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) 15 de abril de 2013
El caso
se ramifica
Si bien Leo
Fariña y Federico Elaskar se desdijeron tras sus apariciones en PPT, no cabe duda de
que las denuncias preocuparon al Gobierno. El más afectado será probablemente
Julio De Vido, ministro de Planificación y Obras Públicas, y el funcionario a
quien puede considerarse indirectamente responsable de los últimos tres mayores
factores de fastidio de la sociedad hacia el kircherismo: la Tragedia de Once,
las inundaciones de Buenos Aires, La Plata y Santa Fe y la corrupción en la
obra pública.
El caso Báez
amenaza con golpear duro a De Vido, uno de los personajes más cuestionados por
sus manejos de fondos públicos desde su época de ministro de Economía de Néstor Kirchner en
Santa Cruz. La Nación reveló que Leonardo Fariña llegó a manejar información
reservada del Ministerio de Planificación sobre las represas Condor Cliff-La
Barrancosa (rebautizadas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Cepernic). Es
decir, Fariña intentó cerrar un trato con empresarios de la construcción
utilizando información que sólo podría haber obtenido del mismo De Vido o de
funcionarios muy cercanos a él.
Las represas
tienen una larga historia de sospechas e idas y vueltas. La primera licitación
pública para construirlas fue ganada en 2010 por un joint-venture del Grupo
Camargo Correa de Brasil, Corporación América de Eurnekian e Impsa, con una
oferta de 16.400 millones de pesos. Sin embargo, este contrato fue rescindido
sin explicación el año pasado, y la oposición de la provincia comenzó a
denunciar que Lázaro Báez había adquirido 180 mil hectáreas que se inundarían
con la construcción de Condor Cliff, habilitándolo a cobrar una millonaria
indemnización del Estado. Además, el empresario patagónico se presentó este año
a la nueva licitación para la construcción de la represas en un consorcio de
empresas junto a la compañía china Synohydro y a IECSA, de Ángelo Calcaterra,
sobrino de Franco Macri y primo del jefe de Gobierno porteño. La diferencia con
el llamado a licitación de 2010: un incremento de $5000 millones al precio
final.
Cuando la
prensa intentó averiguar la razón por la cual el Ministerio de Planificación
había decidido rescindir la primera licitación, la respuesta que les llegó de
José López, secretario de Obras Públicas y hombre de confianza de De Vido fue
clara y simple: "No me hinchen más los huevos, esto es
política".
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